Reivindicación natural
1990, c. 60, art. 47.9.0.3. Todo organismo público contemplado en un acuerdo suscrito en virtud de la sección 9.0.2 está obligado a pagar, recaudar y remitir, a pesar de cualquier prohibición o restricción prevista en una Ley del Parlamento de Canadá, cualquier impuesto previsto en dicha Ley y del que sería responsable si dicha Ley le fuera aplicable. El organismo contemplado en el primer párrafo pagará el impuesto de conformidad con los términos y condiciones previstos en el acuerdo.
1972, c. 22, s. 18; 2011, c. 34, s. 4.18.1. Cuando se deduce o retiene un importe en virtud de una ley fiscal o de la Ley para facilitar el pago de la pensión alimenticia (capítulo P-2.2), se considera que el importe ha sido percibido por el beneficiario del pago objeto de la deducción o retención.
1983, c. 49, art. 41.36. A reserva de lo dispuesto en el artículo 36.0.1, el Ministro podrá, en cualquier momento, prorrogar el plazo fijado en virtud de una ley fiscal para presentar una declaración o un informe o para facilitar información.
1995, c. 1, art. 210.37.1. Una persona que, en los casos determinados por el Ministro, satisface las condiciones y los términos determinados por el Ministro puede transmitir por medios telemáticos o en un soporte informático un documento o una información requerida en virtud de una ley fiscal.
Declaraciones sobre hidratos de carbono y azúcar
Por ejemplo: “Se ha demostrado que los ésteres de estanol de origen vegetal disminuyen/reducen los niveles de colesterol en sangre. El colesterol elevado es un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatías coronarias.
La DGCCRF ha desarrollado una herramienta específica que ha publicado en su sitio web. Esta herramienta, acompañada de instrucciones de uso, está destinada principalmente a los operadores del sector alimentario. Reúne todas las declaraciones de salud utilizables, incluidas las “pendientes”. Proporciona una traducción al francés de las alegaciones “pendientes” e identifica entre ellas las alegaciones terapéuticas cuyo uso está prohibido (un alimento no puede alegar que previene, cura o trata una enfermedad humana).
Producto de Canadá Etiquetado
La auditoría se ajustó a los “Procedimientos obligatorios de auditoría interna en el Gobierno de Canadá”, como confirman los resultados del Programa de Garantía y Mejora de la Calidad. El enfoque y la metodología de la auditoría se ajustaron a las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna definidas por el Instituto de Auditores Internos y a los Procedimientos Obligatorios de Auditoría Interna en el Gobierno de Canadá exigidos por la Directiva sobre Auditoría Interna de la Secretaría del Consejo del Tesoro (TBS).
En conjunto, la Agencia está de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones generales de esta auditoría de seguimiento. Las normas profesionales están en el centro de una gran transformación y las recomendaciones de la auditoría de seguimiento permitirán un esfuerzo concertado que dará lugar a un programa más sólido.
La dirección llevará a cabo un análisis de las diferencias entre las prácticas actuales y las directrices de las OET, y revisará los procesos en consecuencia introduciendo cambios en los instrumentos políticos y los procesos internos. Los cambios se comunicarán a los empleados y a las partes interesadas según proceda.
Reclamación de fibra
Uso del término “riesgo” [GCI: sección 6(1), sección 6(2)(a), secciones 8 y 9, sección 10(1), sección 10(1)(a), sección 10(2); GCII: secciones 5(1) y (2), secciones 7, 8 y 9, y sección 10(2)(c)].
Además, según la GSS de 2014 realizada por Statistics Canada, los hombres son mucho menos propensos que las mujeres a utilizar los servicios disponibles para las víctimas. Mientras que el 19% de las mujeres víctimas de delitos violentos se puso en contacto con al menos una de estas fuentes de apoyo, en la mayoría de los casos un psicólogo o un trabajador social, sólo el 7% de los hombres lo hizo20.
Los residentes territoriales informaron de unos 15.000 incidentes violentos en la GSS de 2014, de los cuales alrededor del 20% se produjeron en el lugar de trabajo de la víctima. Esto se tradujo en una tasa de 170 incidentes violentos por cada 1.000 habitantes en los territorios, más del doble que en las provincias de referencia.