Litigios privados en materia de competencia
==> Resolver sobre la atribución del disfrute o gestión de los bienes comunes o indivisos distintos de los contemplados en el 4°, sin perjuicio de los derechos de cada cónyuge en la liquidación del régimen matrimonial.
El apartado 2 del artículo 1113 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, si no se incoa el procedimiento en el plazo de treinta meses a partir de la fecha en que se dictó el auto, caducan todas sus disposiciones, incluida la autorización para incoar el procedimiento.
El artículo 1118 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, una vez dictado el auto de no conciliación, el tribunal de familia podrá, hasta que deje de conocer del asunto, anular, modificar o completar las medidas provisionales que haya prescrito, si se produce un hecho nuevo.
El apartado 2 especifica que cuando la demanda se presente antes del inicio del procedimiento, se investigará y juzgará según el derecho común aplicable a los procedimientos distintos del divorcio y que sean competencia del tribunal de familia.
Sancionar a la autoridad de competencia
El recurso de una sentencia de divorcio sólo afecta a los divorcios judiciales. Esto implica que no es posible recurrir un divorcio de mutuo acuerdo, que presupone un acuerdo entre los cónyuges sobre el principio del matrimonio así como sobre sus consecuencias. Así, es posible impugnar la sentencia en caso de divorcio por culpa, aceptación del principio de ruptura del matrimonio o alteración definitiva del vínculo matrimonial.
La impugnación de la sentencia de divorcio puede repercutir en el mantenimiento o el cese de las medidas provisionales. En efecto, al recurrir la sentencia de divorcio, el recurrente tiene dos opciones. Puede impugnar toda la sentencia o sólo los puntos con los que no esté de acuerdo. Las consecuencias no serán desdeñables.
Consejo de Competencia
Combatir las prácticas contrarias a la competencia significa promover mejores precios, una mayor diversidad de productos y servicios y garantizar que los agentes económicos puedan competir por sus propios méritos y en condiciones equitativas.
Un cártel se caracteriza por una acción concertada entre varias empresas que deciden conjuntamente las prácticas y comportamientos que desean adoptar, en lugar de diseñar su estrategia comercial de forma independiente. Estos acuerdos, que distorsionan la competencia en un mercado, están prohibidos.
Para dar más visibilidad a las empresas, la Autoridad adoptó en 2011 unas directrices, revisadas en 2021, que especifican la metodología seguida por la Autoridad a la hora de imponer una sanción
Los tribunales judiciales especializados y los tribunales administrativos pueden solicitar el dictamen de la Autoridad sobre la evaluación de los daños cuya indemnización solicitan. El Tribunal Administrativo de Estrasburgo ha solicitado el dictamen de la Autoridad. A raíz de las observaciones de la Autoridad, el Tribunal dictó sentencia el 20 de octubre de 2021, en la que condenaba a varias de las empresas implicadas en el cartel en el sector del transporte en autobús escolar en la región de Bas-Rhin.
Comunicado de prensa sancionando a la autoridad de competencia
La ley “EGalim 2” también reintroduce la prohibición per se de discriminación que había sido suprimida por la ley nº 2008-776 de 4 de agosto de 2008 sobre la modernización de la economía (conocida como la “LME”) añadiendo un 4º grado al primer párrafo del artículo L. 442-1. Esta nueva prohibición sólo se aplica a los productos agrícolas y alimentarios.
La simplificación que aporta la ordenanza no pretende, pues, hacer lícitas prácticas y cláusulas antes prohibidas, sino reorientar las prácticas restrictivas de la competencia hacia conceptos generales que permitan englobar las numerosas cláusulas y prácticas enumeradas en el antiguo artículo L. 442-6 del Código de Comercio.
Cuando los funcionarios adjunten una sanción al requerimiento, éste deberá especificar los términos y condiciones de aplicación de la sanción, en particular su fecha de aplicabilidad, duración y cuantía.
