Recurso por exceso de poder y recurso de pleno derecho disertación
Sin embargo, en la práctica, no era infrecuente que la administración no acusara recibo de una solicitud o no mencionara las vías y plazos de recurso en sus decisiones, por lo que, de hecho, no era exigible ningún plazo para recurrir.
Los autores cuestionaron inmediatamente el alcance de tal decisión judicial a las categorías de actos administrativos no mencionados expresamente (Chronique L. Dutheillet de Lamothe y G. Odinet, AJDA 2016, p. 1629).
El Tribunal Administrativo de MELUN tuvo un análisis idéntico para una decisión denegatoria implícita de la que el demandante había demostrado tener conocimiento por la remisión previa a un tribunal de otra orden (TA MELUN, 2 de junio de 2017, n°1408686):
Ejemplo de ley flexible
El plazo de recurso contra un acto administrativo comienza con la medida oficial de información que se realiza. Esta información se realiza mediante publicación o envío por correo para los actos reglamentarios (medidas generales e impersonales), mediante notificación para las decisiones individuales (medidas nominativas).
El Consejo de Estado es competente para examinar la legalidad de los reglamentos nacionales (decretos, circulares obligatorias, etc.). La representación por abogado no es obligatoria, salvo para el ejercicio de recursos ante los tribunales administrativos de apelación y el Consejo de Estado (recurso de casación).
Los efectos de un recurso por abuso de poder
392 G. Drago, Contentieux constitutionnel français, París, PUF, coll. Thémis, 2ª ed. 2006, B. ?Mathieu y M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, París, LGDJ coll. Manuel, 2002; D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, París, LGDJ Montchrestien coll. Domat Droit public, 8ª ed. 2008.
393 L. Delbez, Les principes généraux du contentieux international, París, LGDJ, 1962; G. Guilbert, Contentieux international, París Pedone 1992, 91 p.; C. Santulli, Droit du contentieux international, París, Montchrestien, coll. Domat droit public, 2005; además, desde 2002 existen las “journées du contentieux international” publicadas por Pédone.
400 L. Moureau, “Notion et spécificité du contentieux administratif”, Mélanges Dabin, Bruselas y París, Bruylant y Sirey, 1963, 2 volúmenes, p. 179. L. Moureau se ocupa evidentemente de la definición belga de contencioso, señalando su proximidad, pero también sus diferencias, con el concepto francés, generalmente más amplio.
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El punto de equilibrio encontrado por el juez entre la necesidad de garantizar a los particulares en relación con la administración una cierta zona de estabilidad, la de asegurar el pleno respeto del principio de legalidad, y el mantenimiento, en beneficio de los poderes públicos, de un cierto margen de maniobra, para permitirles llevar a cabo sus misiones, constituye necesariamente un compromiso. Como tal, no está exento de críticas.
1) Aparte de que los fundamentos jurídicos de tal solución serían, cuando menos, inciertos, una aplicación más amplia por los tribunales administrativos franceses del principio comunitario de seguridad jurídica no conduciría necesariamente a una mejora de las garantías ofrecidas a los justiciables.
