Modelo demanda contencioso administrativa
Modelo de carta tribunal administrativo
El plazo para recurrir un acto administrativo comienza con la medida oficial de información que se realice. Esta información se realiza mediante publicación o envío postal en el caso de los actos reglamentarios (medidas generales e impersonales), mediante notificación en el caso de las decisiones individuales (medidas nominativas).
El Consejo de Estado es competente para examinar la legalidad de las normas nacionales (decretos, circulares obligatorias, etc.). La representación por abogado no es obligatoria, salvo para el ejercicio de recursos ante los tribunales administrativos de apelación y el Consejo de Estado (recurso de casación).
Solicitud de anulación modelo de tribunal administrativo
Los motivos externos de legalidad son la incompetencia, así como los defectos formales y de procedimiento. El juez no se ocupa del fondo, sino que verifica que el acto ha sido adoptado por la autoridad competente y en la forma requerida.
En términos generales, hay incompetencia cuando el autor del acto no tenía la facultad legal para tomar esa decisión, siendo esta facultad competencia de otra autoridad. La incompetencia es el vicio más grave que puede viciar una resolución administrativa y es un motivo de orden público que el juez, en principio, debe plantear de oficio.
La distinción entre incompetencia positiva y negativa. Hay incompetencia positiva cuando una autoridad toma una decisión cuando no podía tomarla. Por el contrario, hay incompetencia negativa cuando una autoridad invoca su incompetencia cuando en realidad era competente para tomar la decisión (por ejemplo, una autoridad que se cree vinculada por un dictamen consultivo: CE, 25 de mayo de 1962, Bonnec).
Ejemplo de solicitud de anulación
Una persona opinó que debería tenerse en cuenta la desigualdad de poder de las partes a la hora de determinar qué es justo: si el proceso parece justo para la parte más vulnerable, probablemente sea suficientemente justo.
Se señaló que, en última instancia, no corresponde a los órganos administrativos equilibrar equidad y sencillez, sino a los tribunales.
También se señaló que probablemente el primer paso debería consistir en ver si una queja tiene efectos sobre las relaciones actuales que podrían y deberían salvarse:
Los tribunales han confirmado que los responsables de la toma de decisiones pueden cumplir su deber de imparcialidad de diferentes maneras. La toma de decisiones administrativas o cuasijudiciales puede ser apropiada, dependiendo de las circunstancias. En general, se pretende que la toma de decisiones administrativas sea más rápida, sencilla y accesible. La toma de decisiones cuasijudicial ofrece muchas más garantías procesales, pero suele ser más compleja y lenta.
Modelo de solicitud administrativa
PersonalClasificaciónC.A.A. Lyon, 9 de junio de 2022, Ministro de Educación Nacional, Juventud y Deportes contra Sra. X, nº 20LY02513Asignación y trasladoC.E., 5 de julio de 2022, nº 448711, en las tablas Recueil Lebon
Los padres de un niño discapacitado solicitaron una indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia de la no escolarización de su hijo durante un año y medio, a pesar de haber sido remitido a un establecimiento médico-social (IME) por la Comisión para los Derechos y la Autonomía de los Discapacitados (C.D.A.P.H.).
En sentencia de 25 de mayo de 2020, el tribunal administrativo de Lyon anuló las operaciones electorales para la designación de los representantes del personal y de los usuarios en el consejo de administración de la comunidad de universidades y establecimientos "Université de Lyon" (COMUE), que tuvieron lugar el 18 de junio de 2019.
Un candidato a los exámenes de bachillerato francés con un trastorno del espectro autista, dislexia y disortografía había solicitado diversas adaptaciones de las condiciones para presentarse a estos exámenes. El Rector concedió la mayoría de estas adaptaciones, pero rechazó el uso de matrices de acompañamiento (documentos que describen el procedimiento y el método de la prueba) y la entrega al jurado de un documento escrito en el que se expusieran las posibles repercusiones de la discapacidad del candidato durante las pruebas orales.