Modelo demanda ejecutiva contencioso administrativo
Ejecución de las resoluciones de la justicia administrativa
El contencioso administrativo es el litigio de una acción administrativa ante el tribunal administrativo. El derecho contencioso-administrativo es, por tanto, el derecho que rige la organización y el procedimiento ante los tribunales administrativos.
La mayoría de las disposiciones de todos los tribunales administrativos se recogen en este código, mientras que algunas disposiciones relativas a los tribunales administrativos especializados o al Tribunal des Conflits no se incluyen en este código.
No contiene disposiciones relativas al contencioso administrativo. La ley constitucional de 28 de marzo de 2003 sobre la organización descentralizada de la República introdujo un artículo sobre la competencia del Consejo de Estado.
El decreto establece que el comisario del Gobierno ya no asistirá a las deliberaciones ante los tribunales administrativos y los tribunales administrativos de apelación, pero para el Consejo de Estado se establece que, a menos que una parte solicite lo contrario, asistirá a las deliberaciones pero no participará.
Modelo de solicitud administrativa
Esta reforma es el resultado de un proceso de reflexión que se llevó a cabo en el seno de los tribunales administrativos. Estas numerosas modificaciones del procedimiento contencioso administrativo y de la organización de los tribunales administrativos son esencialmente el resultado del medio centenar de propuestas del grupo de trabajo creado en marzo de 2015 por la Vicepresidenta del Consejo de Estado.
Sin embargo, los litigios en los que una autoridad local, un establecimiento público local o un establecimiento de salud pública defiende el caso siguen estando exentos de la necesidad de abogado (Art. R. 431-3 §5 CJA).
A partir de ahora, el presidente del tribunal está facultado para fijar un plazo para la presentación de esta declaración sumarial y para declarar de oficio el abandono del caso si la declaración no se presenta en el plazo fijado (Art. R. 611-8-1 §2 CJA).
- Desde el 22 de abril de 2016, "cuando la naturaleza del asunto lo justifique", el presidente del tribunal podrá decidir que sea juzgado directamente por una sala de jurisdicción sumaria, compuesta por tres jueces de jurisdicción sumaria (art. L. 511-2, §3 CJA).
Modelo de demanda ante el tribunal administrativo
Si el contribuyente no está satisfecho con la decisión de la autoridad a la que se haya dirigido de entre las tres mencionadas, se dirigirá en segundo lugar al Ministro de Hacienda (MINFI), que adoptará una decisión definitiva. Esta remisión al MINFI equivale a un recurso oficioso previo, y su decisión abre al contribuyente la vía del juez administrativo en caso necesario.
Sin embargo, existe una diferencia importante en la fase de examen del recurso precontencioso entre el CAG y el CAF. Se trata del hecho de que la Ley nº 2006/022 instituye un único nivel de examen del recurso previo en el marco del CAG, mientras que el CGI prevé un doble nivel de examen tanto ante la administración fiscal central como ante la administración fiscal local en el marco del CAF.
Así, si en principio sólo se puede acudir a una autoridad para el examen del recurso informal previo, en principio hay que acudir a dos autoridades para el examen de la reclamación previa. Esta es la voluntad del legislador fiscal en Camerún.
Aplicación de oficio del Derecho administrativo
Sólo en ausencia de respuesta de la administración durante dos meses (desestimación tácita) o en caso de respuesta negativa (resolución expresa) puede acudir al juez administrativo con la asistencia obligatoria de un abogado.
En ausencia de litigio, la orden de ingreso individual o colectiva emitida por la autoridad local o el establecimiento público permite la ejecución forzosa contra el deudor.
No obstante, la presentación ante un tribunal de un recurso para impugnar la validez de una deuda evaluada y liquidada por una autoridad local o una institución pública local suspende la ejecutoriedad del título.
Los medios de legalidad externa son tanto la incompetencia como el defecto de forma y de procedimiento. El juez no se ocupa del fondo, sino que comprueba que el acto ha sido realizado por la autoridad competente y en las formas requeridas.
En términos generales, hay incompetencia cuando el autor del acto no tenía la facultad legal para tomar esa decisión, siendo esta facultad competencia de otra autoridad. La incompetencia es el vicio más grave que puede viciar una resolución administrativa y es un motivo de orden público que, en principio, el juez debe plantear de oficio.