Modelo escrito comunicacion creditos concurso acreedores
Declaración de la demanda
La sentencia que abre el procedimiento de salvaguardia se publica en el registro mercantil y de empresas. En un plazo de quince días a partir de la fecha de la sentencia, se publican avisos en el BODACC y en un periódico con avisos legales.
La suspensión de los juicios individuales significa que los acreedores cuyas deudas surgieron antes de la sentencia que abre el procedimiento ya no pueden recurrir a los tribunales para obtener el pago de su crédito. La suspensión del procedimiento es válida para todos los procedimientos de cobro de deudas (requerimientos de pago, procedimientos de fondo, etc.).
Por último, en principio, la apertura del procedimiento de salvaguardia implica la continuación de los contratos actuales. Puede tratarse del contrato de alquiler de la empresa o de las oficinas, o de los principales proveedores.
Carta para explicar una situación difícil
Nota marginal:Forma de la licencia y condiciones13.1 La licencia se ajustará a la forma prescrita y especificará la circunscripción de la quiebra, o parte de ella, dentro de la cual el síndico ejerce sus funciones y las condiciones y restricciones, si las hubiera, que el Superintendente considere oportuno imponer.
Nota marginal:Los créditos generalmente pagaderos a prorrata141 Sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, todos los créditos establecidos en la quiebra se pagarán a prorrata.
Nota marginal:Quiebra no liberada que no se declara como tal199 Toda quiebra no liberada que comete un delito y es responsable en condena sumaria de una multa no superior a cinco mil dólares o de una pena de prisión no superior a un año, o de ambas, es culpable de un delito:
Nota marginal: Acciones contrarias a las condiciones o restricciones203.2 El fiduciario que ejerza facultades no conferidas en virtud de las condiciones o restricciones impuestas por el Superintendente a su licencia es culpable de un delito y está sujeto en condena sumaria a una multa que no exceda de cinco mil dólares o a una pena de prisión que no exceda de dos años, o a ambas.
Código de Comercio de Luxemburgo
Por principio, se verifican las reclamaciones salariales y otras reclamaciones previas. Los créditos fiscales se benefician de un régimen especial, así como los que son objeto de procedimientos en curso
En un primer momento, el representante judicial (o el liquidador en liquidación) enviará una carta certificada al acreedor indicando que su crédito es impugnado total o parcialmente, indicando claramente el motivo de la impugnación y el importe por el que propone retener su crédito.
Sin embargo, si el acreedor se limita a responder que examinará el litigio y responderá más tarde, se desvía claramente del espíritu del texto, que es que su posición debe conocerse en un plazo de 30 días: parece entonces razonable considerar que no ha respondido.
En virtud del artículo L622-27 del Código de Comercio, la impugnación de la forma del escrito de demanda (por ejemplo, la identidad y el poder del firmante) no está sujeta al plazo de respuesta de 30 días, ya que estas irregularidades pueden subsanarse (véase el escrito de demanda).
Carta para explicar una situación financiera difícil
El liquidador debe obtener la autorización del juez de la quiebra antes de poder proceder a los despidos previstos. A continuación, el juez dicta un auto en el que se menciona el número de empleados cuyo despido se autoriza, así como las actividades y ramas afectadas. La carta en la que se notifique al trabajador el despido deberá incluir, en su caso, el refrendo de esta orden.
Si la notificación no se realiza en el plazo previsto, las indemnizaciones vinculadas a los despidos de los trabajadores no estarán cubiertas por el AGS y los trabajadores tendrán pocas posibilidades de recibir su indemnización. El liquidador no necesita solicitar la autorización previa del juez del concurso, como en el periodo de suspensión de pagos, para despedir al trabajador por motivos económicos.
El AGS sólo cubre las cantidades debidas durante los 15 días, o 21 días cuando se pone en marcha un plan de protección del empleo (PSE), durante el mes siguiente a la sentencia de liquidación, para los representantes de los trabajadores.