El silencio de la ley de la administración 12 de noviembre de 2013
Atención ⚠️: en determinados casos, es obligatorio interponer un recurso administrativo previo obligatorio (Rapo) para llevar el asunto ante el juez administrativo. Tanto el recours gracieux como el recours hiérarchique pueden satisfacer esta obligación.
Una vez que el ayuntamiento ha recibido su solicitud, dispone de un plazo de 2 meses para responder. Si se niega o no responde en dicho plazo, puede presentar un nuevo recurso ante el tribunal administrativo en el plazo de dos meses.
El silencio significa aceptación de excepciones
La entrada en vigor de este precepto de la Ley de 12 de noviembre de 2013 no pasó desapercibida ya que requirió la promulgación de 42 decretos para permitir la aplicación efectiva del principio de silencio estimatorio de la Administración y, sobre todo, para concretar las numerosas y complejas excepciones.
Ante esta convulsión legislativa, parece necesario recordar que el artículo 21 de la Ley de 12 de abril de 2000 establecía claramente que “el silencio guardado durante más de dos meses por la autoridad administrativa sobre una solicitud equivale a una resolución denegatoria”.
En efecto, a partir de ahora, es el silencio de la administración el que generará derechos. Así pues, aunque el hecho de que la administración ya no pueda, en principio, por su silencio, bloquear las solicitudes y proyectos privados parece, a primera vista, constituir una reforma positiva, no es así.
La falta de respuesta constituye aceptación
Este es el objeto del Decreto del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado nº 2014-1274, de 23 de octubre de 2014. Las solicitudes enumeradas en este proyecto de decreto seguirán siendo objeto de una decisión denegatoria implícita al término de un plazo fijado para cada una de ellas. Así, la lista de excepciones incluye:
C.E, 16 de julio de 2014, Fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime y Association pour la gestion et la régulation des prédateurs en Charente-Maritime, nº 363446, en las tablas Recueil Lebon.
A continuación, dictaminó que el requerimiento emitido por el director académico de los servicios nacionales de educación ignoraba las disposiciones de este artículo al prescindir del procedimiento establecido por la ley.
Se alegó, en segundo lugar, que el decreto impugnado, al no definir con claridad y precisión los términos “acto grave” y “violencia verbal”, vulneraba el principio de legalidad de las infracciones que resulta del artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como de las estipulaciones de los artículos 6 y 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Plazo para que la administración responda a un funcionario
El plazo para recurrir un acto administrativo comienza con la medida oficial de información que se realice. Esta información se hace por publicación o envío postal para los actos reglamentarios (medidas generales e impersonales), por notificación para las decisiones individuales (medidas nominativas).
El Consejo de Estado es competente para examinar la legalidad de los reglamentos nacionales (decretos, circulares obligatorias, etc.). La representación por abogado no es obligatoria, salvo para el ejercicio de recursos ante los tribunales administrativos de apelación y el Consejo de Estado (recurso de casación).
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