Modelo de solicitud al tribunal administrativo pdf
Los medios de legalidad externa son la incompetencia y el defecto de forma y de procedimiento. El juez no se ocupa del fondo, sino que verifica que el acto fue tomado por la autoridad competente y en la forma requerida.
En general, hay incompetencia cuando el autor del acto no tenía la facultad legal de tomar esta decisión, siendo esta facultad competencia de otra autoridad. La falta de competencia es el defecto más grave que puede viciar una decisión administrativa y es un motivo de orden público que el juez debe, en principio, plantear de oficio.
La distinción entre incompetencia positiva y negativa. Hay incompetencia positiva cuando una autoridad toma una decisión cuando no podía tomarla. Por el contrario, hay incompetencia negativa cuando una autoridad invoca su incompetencia cuando en realidad era competente para tomar la decisión (por ejemplo, una autoridad que se cree obligada por un dictamen consultivo: CE, 25 de mayo de 1962, Bonnec).
Modelo de solicitud al tribunal administrativo
Si el contribuyente no está satisfecho con la decisión de la autoridad a la que se ha dirigido entre las tres autoridades mencionadas, se dirigirá en segundo lugar al Ministro de Hacienda (MINFI), que tomará una decisión definitiva. Esta remisión al MINFI equivale a un recurso informal previo, y su decisión abre el camino al juez administrativo para el contribuyente si es necesario.
Sin embargo, existe una importante diferencia en la fase de examen del recurso precontencioso entre el CAG y el CAF. En efecto, la Ley nº 2006/022 instituye un solo nivel de examen del recurso previo en el marco del CAG, mientras que el CGI prevé un doble nivel de examen tanto ante la administración fiscal central como ante la administración fiscal local en el marco del CAF.
Así, si en principio sólo se puede acudir a una autoridad para el examen del recurso informal previo, en principio hay que acudir a dos autoridades para el examen de la reclamación previa. Esta es la voluntad del legislador fiscal en Camerún.
Cómo presentar un recurso administrativo
La página web de la universidad sólo mencionaba la capacidad del programa de máster y no incluía el contenido de la deliberación del consejo de administración sobre los procedimientos de selección del programa de máster.
Una estudiante matriculada en un centro privado de enseñanza superior pidió al tribunal administrativo de Burdeos que anulara la decisión por la que el rector de la academia había rechazado su solicitud de beca dirigida al Centro Regional de Obras Universitarias y Escolares (CROUS).
Un demandante solicitaba la anulación de la sentencia del tribunal administrativo de Montreuil que había desestimado su recurso destinado, en particular, a anular la deliberación de un tribunal de examen universitario que rechazaba la convalidación de una unidad didáctica para el curso 2015-2016.
El tribunal administrativo consideró que al cruzar el umbral de su propiedad, ya sea una parte privada, para llegar al aparcamiento colectivo de su residencia, o una parte común, el agente en cuestión había iniciado su trayecto entre su domicilio y su lugar de trabajo. En efecto, para considerar que el aparcamiento de la residencia era una zona común, el tribunal administrativo precisó que el aparcamiento estaba situado fuera del domicilio de la agente, en una zona de la que no tenía el uso exclusivo ni la posibilidad de tomar medidas preventivas por su cuenta.
Ejemplo de litigio
6 B. Pacteau, Contentieux administratif, París, PUF, 2002, 6ª ed, p. 93. Esta figura se mantiene en la última obra de este autor sobre el contencioso administrativo: Manuel de contentieux administratif, op. cit. p. 65.
13 R. Chapus también adopta una concepción restrictiva al limitar este estatuto de jurisdicción a los órganos que ejercen una misión de represión disciplinaria (op. cit., 13ª ed., p. 118, nº 118).
33 R. Odent, Cours de contentieux administratif, Dalloz, 1970, p. 693 y ss. citado por B. Pacteau, Contentieux administratif, op. cit. p. 103 (R. Odent, Cours de contentieux administratif: Dalloz, 1970, p. 693 y ss.).
46 El informe del Consejo de Estado de 4 de diciembre de 2003 (Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit.) denunció la falta de recursos de los tribunales sociales, la presencia de ponentes mal pagados, etc.
47 P. Bernard-Reymond y J.-Cl. Frécon, Rapport fait au nom de la commission des finances sur les conséquences budgétaires des délais de traitement du contentieux de l’asile par la Cour nationale du droit d’asile, 2010-2011, no 9, p. 76.
