¿Con qué frecuencia puede recurrirse una resolución judicial?
Al igual que el artículo 24(1), el artículo 24(2) es una disposición correctiva. No es una “fuente independiente de derechos de la Carta”: la disposición simplemente proporciona un remedio para una violación (R. v. Terry, [1996] 2 S.C.R. 207).
La prueba derivada es la prueba de que una limitación de los derechos de la Carta existe indirectamente. No se trata de pruebas obtenidas directamente mediante una restricción injustificada de los derechos reconocidos en la Carta, sino de pruebas que no se habrían obtenido de no ser por las pruebas directamente viciadas (Feeney, supra).
Anulación de una sentencia en apelación
Impugnación de un despido el 10 de enero de 2009; plazo para acudir al tribunal laboral: 10 de enero de 2014 (el plazo de prescripción de dos años comienza el 17 de junio de 2013, pero no debe superar el plazo de prescripción anterior de cinco años).
Impugnación de un despido el 10 de enero de 2012; plazo para acudir al tribunal laboral: 17 de junio de 2015 (el plazo de prescripción de dos años comienza el 17 de junio de 2013, pero no supera el plazo de prescripción anterior de cinco años).
Ahora que los plazos de prescripción son diferentes, hay que distinguir claramente entre lo que constituye un salario y la mera ejecución o incumplimiento del contrato de trabajo.
Si el contrato se rescinde, es la fecha de finalización del contrato la que constituye el inicio del plazo de prescripción; por tanto, es posible retroceder los tres años anteriores. No se indica el motivo de la finalización del contrato; puede tratarse, por tanto, de la finalización de un contrato (de duración determinada o temporal), dimisión, rescisión, despido, jubilación, etc.
Anulación de una resolución judicial
Los Abogados Generales asisten al Tribunal. Se encargan de presentar, con total imparcialidad e independencia, un dictamen jurídico, denominado “conclusión”, en los asuntos que se les someten.
Cualquiera que sea la naturaleza del asunto, comprende una fase escrita y, en su caso, una fase oral, que es pública. No obstante, hay que distinguir entre el procedimiento prejudicial y el procedimiento para otros tipos de recursos (recursos directos y recursos de casación).
Modelo de carta para impugnar una decisión administrativa
El plazo para recurrir un acto administrativo comienza con la medida oficial de información que se realice. Esta información se realiza mediante publicación o envío postal en el caso de los actos reglamentarios (medidas generales e impersonales), mediante notificación en el caso de las decisiones individuales (medidas nominativas).
El Consejo de Estado es competente para examinar la legalidad de las normas nacionales (decretos, circulares obligatorias, etc.). La representación por abogado no es obligatoria, salvo para el ejercicio de recursos ante los tribunales administrativos de apelación y el Consejo de Estado (recurso de casación).
